Comisionado, a prueba

BOCAS CERRADAS.- No se sabe si por decisión propia o porque así los instruyeron desde la ciudad de México, pero los responsables del ISSSTE e IMSS en Tamaulipas, Eduardo Martínez Bermea y Fernando López Gómez, respectivamente, llegaron imponiendo una política de boca cerrada en el ejercicio de su cargos.

 

“No quieren prensa”, nos respondieron en esas delegaciones cuando intentamos gestionar una entrevista con ambos funcionarios para conocer de sus proyectos para Tamaulipas, pero sobre todo para que nos enteraran de cómo recibieron las delegaciones respectivas.

 

El hecho deja claro que, tanto Martínez Bermea como López Gómez se olvidan de que su calidad de servidores públicos los obliga a la rendición de cuentas ante la sociedad.

 

La gran duda sería si su rechazo a la prensa es porque ellos lo decidieron o porque es una indicación del nivel central del ISSSTE e IMSS.

 

A menos que su alergia a la prensa tenga origen en el pánico que invade a los que se sienten ignorantes o incapaces de articular ideas ante cámaras y micrófonos.

 

ES SANO, PERO SIN EXAGERAR.- El uso de recursos públicos para manipular electoralmente a la ciudadanía es una práctica bastante antiquísima.

 

Los Gobiernos aprovechan cualquier vacío o rendija legal para, en tiempos de elecciones, congraciarse con los ciudadanos al amparo de los programas sociales.

 

Por esa razón, es bueno y sano que desde el Congreso de la Unión se haya decidido tipificar como delitos algunas conductas cometidas en el ámbito de lo electoral por servidores públicos y particulares.

 

Sin embargo, me parece una exageración el hecho de que se haya decidido incluir los delitos electorales en el catálogo de aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa.

 

Es una exageración porque, quiérase o no, la prisión preventiva significa privar de la libertad a una persona, sin saber si al final del proceso resultara culpable de la violación a la ley que se le imputa.

 

Si la sentencia resulta condenatoria, menos mal, pero si el veredicto termina siendo de inocencia, ¿Qué le van a decir las autoridades a ese ciudadano que durante dos años (es el término máximo de la prisión preventiva) estuvo privado de su libertad?.

 

Por eso mi insistencia: es muy bueno, sí, que la autoridad busque mecanismos legales que frenen esa recurrencia de los Gobiernos a beneficiarse electoralmente con los programas sociales, pero hacerlo de la forma en que se plantea, con prisión preventiva oficiosa, es tapar un pozo abriendo otro.

 

ASÍ ANDAN LAS COSAS

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