Gattás despide a director alegando cobros ilegales; mantiene parquímetros fuera de la ley
Ciudad Victoria, Tamaulipa.- Mientras el alcalde Eduardo Gattás Báez anunció el despido del director operativo de Tránsito, José Luis Arroyo Negrete, por pérdida de confianza tras señalamientos por presuntos cobros indebidos, el Ayuntamiento mantiene en operación los parquímetros instalados en la zona centro de la ciudad, cuya continuidad ha sido cuestionada debido al vencimiento del contrato de concesión.
El pasado 18 de febrero de 2024 concluyó el plazo de 15 años establecido en el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Victoria y la empresa Victoria Meters para la operación de cientos de estacionómetros en el primer cuadro de la ciudad.
De acuerdo con el Artículo Octavo del decreto mediante el cual el Congreso de Tamaulipas autorizó la celebración del contrato, cualquier prórroga de la concesión debe ser aprobada por el Poder Legislativo. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la existencia de una autorización de ese tipo.
Con base en esa interpretación, diversos sectores sostienen que la operación de los estacionómetros y la aplicación de sanciones por incumplimiento del pago debieron suspenderse una vez concluida la vigencia del contrato.
Asimismo, no se ha informado el destino del 40 por ciento de los ingresos generados por los parquímetros que, conforme al acuerdo de Cabildo aprobado el 17 de mayo de 2011, Victoria Meters debía entregar al Ayuntamiento mientras estuvo vigente la concesión.
Tampoco se ha dado a conocer información pública sobre el monto recaudado por concepto del servicio desde el vencimiento del contrato ni el fundamento jurídico bajo el cual ha continuado la operación de los estacionómetros.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece sanciones para los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, las cuales pueden ir desde amonestaciones hasta suspensión, inhabilitación o sanciones económicas, dependiendo de la gravedad del caso.
En caso de que una conducta constituya un posible delito, como peculado, cohecho, desvío de recursos o ejercicio ilícito del servicio público, corresponde a las autoridades ministeriales determinar la existencia de responsabilidades conforme a la legislación penal aplicable.