Denuncian compras y pagos ilegales en el DIF Victoria 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde Eduardo Gattás Báez está protegiendo a funcionarios del DIF Victoria, que están realizando compras y pagos diversos sin tener facultades legales para hacerlo. 

Esto fue evidenciado en la sesión de cabildo del pasado lunes por la regidora de Morena, Adriana Bejar Flores, al exponer una serie de asuntos pendientes de atender por este cuerpo de gobierno. 

Advirtió que, desde el pasado mes de enero, la directora general del DIF Victoria, Patricia Alejandra Reyes Gonzalez enteró al Ayuntamiento encabezado por Gattás Báez de actos de representación legal llevados a cabo por servidores públicos del DIF Victoria sin contar con un instrumento legal vigente a través del cual se les autorice a subscribir convenios, compras diversas, pago a proveedores, entre otros.

Sin embargo, hasta la fecha Gattás Báez no ha atendido esta denuncia. 
Bejar Flores apuntó que Reyes González también previno a directores, subdirectores y jefes de departamento de dicho organismo municipal, que todo acto realizado fuera del poder público otorgado puede encontrarse colaborando en la constitución de un ilícito. 

Explicó que la Directora General del DIF Victoria envió este escrito a Gattás Báez y demás integrantes del Cabildo local desde enero y hasta ahora no se le ha dado respuesta. 

“Baste este oficio, para alertarnos sobre la necesidad de dar seguimiento, pues en esa institución se desempeñan ejercicios de gran trascendencia y apoyo a diferentes grupos de nuestra población como la atención de la niñez, el adulto mayor y a Vs personas en situación vulnerable”, declaró. 

Hay que señalar que Reyes González también avisó meses atrás a Gattás Báez y compañía sobre la falta de patronato en el DIF Victoria, el cual es la máxima autoridad de dicho organismo municipal, pero igualmente este alcalde no ha presentado propuestas de integrantes.

Así mismo la cuenta pública del DIF Victoria del 2021, que le tocó entregar a Gattás Báez, acaba de ser rechazada por el pleno del Congreso de Tamaulipas, el cual la regresó a la Auditoría Superior del Estado, para que promueva las acciones penales o administrativas correspondientes.