Inconsistencias por más de mil 715 millones de pesos detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) al alcalde Lalo Gattás, al revisar los años 2022, 2023 y 2024 de su administración.
En 2022, las irregularidades fueron de 65 millones. 45 corresponden al Ayuntamiento y 20 a la Comapa Victoria.
En 2023, la cifra superó los 924 millones. 451 fueron detectados en las cuentas del Ayuntamiento y 472 millones a la Comapa.
Mientras que en 2024, la cifra de inconsistencias supera los 726 millones de pesos. Del Ayuntamiento de Victoria corresponden 515 millones y 211 son de la Comapa.
En contexto, el presupuesto de egresos del municipio de Victoria para este año es de mil 255 millones 140 mil 258 pesos.
Es decir, la cifra de irregularidades supera en 37% el presupuesto anual completo de Victoria.
En otras palabras: lo que la ASE no ha podido aclarar en solo tres años de la administración de Gattás equivale a más de un año completo de todo el gasto municipal de Victoria, sumando nómina, obra pública, servicios públicos, todo.
Visto de otra forma, si Victoria dejara de gastar por completo durante un año y destinara cada peso de su presupuesto a "pagar" esas observaciones, aún le faltarían unos 460.8 millones de pesos para cubrirlas.
¿En dónde están esos recursos? ¿En dónde está la explicación de Gattás?
Estamos hablando solamente de irregularidades detectadas en el papel. De las que hay registro. ¿Se imagina cuántas más puede haber que no fueron detectadas por los contadores?
Los mil 715 millones son el punto de partida. El año perdido del presupuesto no es el fondo del pozo. El daño es más profundo.
Porque no solo es la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría de la Federación detectó irregularidades por 49.7 millones de pesos al Ayuntamiento de Gattás correspondientes a la Cuenta Pública de 2023.
Se trata de recursos que el Gobierno Federal transfiere al municipio y que Gattás no pudo demostrar que se gastaron bajo las reglas de transparencia y asignación.
Todavía está pendiente la revisión de 2025 por parte de la Auditoría Superior del Estado. La tendencia advierte más inconsistencias. No hablamos de pesos y centavos, son cifras que superan los miles de millones de pesos.
La magnitud de este lodazal entra a un terreno legal muy serio.
Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, montos de este calibre abren la puerta a la categoría de faltas graves como desvío de recursos o peculado, cuyas sanciones administrativas van desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación temporal para ocupar puestos públicos.
También se contempla el llamado ‘vómito negro’. Sanciones económicas para resarcir el daño y que obliga a la devolución del dinero.
Si la ASE o el Órgano Interno de Control confirman un daño patrimonial doloso, la ley los obliga a dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El Código Penal del Estado establece que ante la falta de comprobación se podrían configuran delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades o ejercicio ilícito del servicio público, conductas que pueden llevar a los responsables a prisión.
Estas podrían ser las consecuencias que enfrente Gattás. Las consecuencias para la ciudad y para los victorenses se viven a diario.
Fugas y tuberías rotas, baches que hacen imposible transitar, inundaciones de aguas negras, montañas de basura en cada esquina, socavones, el abandono de los parques públicos, estancamiento económico. Esto ya es el presente. Es la realidad que hoy vive Victoria.
El daño más grande vendrá en el futuro, cuando se dimensione el costo de la oportunidad perdida. Cuando se tenga que reparar lo descompuesto, cuando se tenga que levantar la destrucción que no debió de ocurrir.
Una destrucción de mil 700 millones de pesos… y contando.
Pues eso.