ASE pone lupa a cuenta 2025 de Gattás; va por auditoría más profunda
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
La Auditoría Superior del Estado solicitó y recibió autorización de los diputados locales, para revisar más detalladamente si los programas y departamentos del Ayuntamiento de Victoria y otros ocho utilizaron los recursos públicos del 2025 con apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia y calidad.
En abril, el auditor Francisco Antonio Noriega Orozco pidió por escrito a las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASE, que le aprobaran una modificación al programa anual de actividades 2026, lo cual recibió respuesta positiva en sesión de la misma este martes.
El funcionario advirtió que, tras evaluar la carga de trabajo y la fuerza laboral de la ASE en el presente año, se determinó necesario aplazar las auditorías del desempeño de Victoria y otros ocho ayuntamientos, para revisarlas a profundidad con rigor técnico sin afectar la entrega oportuna y la integridad de los resultados de los análisis de los restantes entes públicos.
Al ser entrevistado al respecto, el diputado local Eliphalet Gómez Lozano dijo que, debido a múltiples inconsistencias detectadas en los informes de estos ayuntamientos, entre los cuales también figuran Jaumave y Soto La Marina, se pidió más tiempo para evaluar y luego dictaminar el desempeño de los mismos.
Aclaró que estas 9 y las restantes auditorías del año fiscal 2025 deberán ser puestas a la aprobación ó el rechazo del pleno del Congreso del Estado a más tardar el 15 de diciembre del presente año.
En la sesión de la Comisión de Vigilancia, se informó la entrega de 117 informes individuales de auditorías financieras del ejercicio fiscal 2024 de entes públicos estatales y municipales por parte de Noriega Orozco.
Hay que señalar que las auditorías del desempeño, verifican si el gobierno está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado y si los bienes y servicios públicos llegan a la población.
Aunque el dictamen en sí mismo funciona como un diagnóstico correctivo, las irregularidades identificadas durante el proceso pueden derivar en sanciones bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales incluyen: multas económicas, inhabilitación temporal e, incluso, denuncias penales.