INE, CARO Y SENSOR
"La democracia es algo muy caro. Hay que invertir mucho en ella".
Philip Glass
Por supuesto que el INE es caro y también censor. El presidente López Obrador tiene razón. Pero el problema no se resuelve destruyendo el árbitro autónomo y poniendo a Manuel Bartlett a cargo de una nueva Comisión Federal Electoral; tampoco dejando de pagar los alquileres de los módulos de expedición de credenciales para votar. La solución radica en eliminar las reglas electorales que han hecho del INE una institución cara y censora, manteniendo las virtudes que le han permitido darnos una democracia real con alternancia de partidos en el poder por primera vez en nuestra historia.
En agosto de 2021 el INE aprobó un anteproyecto de presupuesto de 24,648 millones de pesos. Por supuesto que es elevado. Del total, 13,084 millones de pesos eran para su operación y cartera institucional de proyectos. Pidió además un "presupuesto precautorio para ejercicios de participación ciudadana" de 5,743 millones, de los cuales 3,830 eran para la revocación de mandato que exige el Presidente y 1,913 millones para otra consulta popular. Los partidos políticos se llevan 5,821 millones de pesos. Estas cifras no incluyen el uso de tiempos de radio y televisión abiertas, una carga adicional a los impuestos que ha puesto en desventaja a los medios mexicanos frente a sus rivales que se difunden por cable, satélite o internet.
La Cámara de Diputados, controlada por Morena y sus aliados, determinó reducir el monto del presupuesto en 4,913 millones de pesos. Como el INE no puede recortar legalmente muchas de sus actividades, ni reducir los montos que entrega a los partidos políticos, es claro que lo que buscan los legisladores del gobierno es promover una confrontación con el INE. El conflicto se ha centrado en la consulta de revocación de mandato; el gobierno la promueve, al tiempo que le niega al INE los recursos para realizarla.
Mucho nos han dicho que la democracia es cara, pero nuestro sistema electoral es mucho más costoso que el de otros países. Esto se debe en parte a las medidas de seguridad que generaciones de políticos de oposición exigieron para impedir los fraudes. Las credenciales electorales, por ejemplo, no existen en Estados Unidos, ni en la Gran Bretaña, ni en muchos otros países, aunque Donald Trump las ha exigido en la Unión Americana para supuestamente impedir los fraudes en su contra. En los países más democráticos los ciudadanos pueden sufragar con casi cualquier identificación. En 2022, sin embargo, el INE gastará 282 millones de pesos para credenciales, de los cuales casi 92 millones son para votantes en el extranjero que participan muy poco en nuestras elecciones.
Los gastos de partidos y candidatos no los pagan tampoco los contribuyentes en países como Estados Unidos. Los políticos deben obtener recursos de donativos privados. En México se nos dijo que era importante que el gobierno pagara sus gastos para evitar que fueran cooptados por el crimen organizado. Pero el subsidio no ha hecho más que abaratar la compra, ya que como hemos visto en los últimos procesos los criminales han tomado control de muchas campañas.
La censura es también producto de una legislación irracional que pretende que los políticos dejen de hacer política. Los esfuerzos del INE por censurar las opiniones no solo del Presidente sino de muchos políticos y ciudadanos son producto de una legislación restrictiva inaceptable en una democracia. Pero la solución no es atacar la autonomía del INE, sino modificar las reglas electorales que nos han dado un sistema caro y censor.