Háganle caso al Presidente 

El pasado 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto, hizo una advertencia a los tres órdenes de Gobierno: Hay que atender con urgencia la justicia cotidiana, porque se encuentra rezagada, olvidada, rebasada”.

Durante un discurso pronunciado en el patio central del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, el mandatario definió a la justicia cotidiana como aquella relacionada con ámbitos diferentes al penal pero igual de importantes como el civil, el laboral, el mercantil, el administrativo”.

“Es la justicia que permite a un menor recibir la pensión alimenticia que por derecho le corresponde, es la justicia que demanda una trabajadora despedida por estar embarazada, es la justicia que merece el dueño de un negocio que no puede cobrar un cheque o que se ve acosado por inspectores abusivos que le impiden realizar su actividad productiva”, explicó Peña Nieto al recibir del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el Informe sobre Justicia cotidiana.

De acuerdo con ese estudio, de los dos millones 100 mil casos que se dirimen en las instancias de justicia, sólo 13 por ciento se refiere a asuntos penales, el restante 87 por ciento son asuntos de justicia cotidiana en los ámbitos laboral, administrativo y mercantil.
Ese solo dato revela la gravedad de la llamada justicia cotidiana y justifica el exhorto, tipo orden, que Peña Nieto hizo públicamente a los tres niveles de Gobierno.

Sin embargo, han transcurrido desde entonces cinco meses y medio y pareciera que todo mundo echo en saco roto la instrucción del presidente.  Como suele suceder, aquello no pasó de ser un ejercicio de reflexión y análisis en el que se conoció la triste realidad a la que nos enfrentamos los mexicanos para acceder a la justicia.

Es cierto. La instrucción del mandatario fue implementar acciones inmediatas para revertir la situación, pero nadie le hizo caso. Por lo menos no sabemos de acciones emprendidas para conseguir ese propósito. Hoy las cosas siguen igual o peores.

“Mejorar la justicia cotidiana implicará en el fondo renovar nuestro pacto social; un pacto en el que los ciudadanos reafirmen  su confianza en la ley y en las instituciones y en el que las autoridades demuestren su compromiso de servicio a la sociedad”, señaló el Presidente.

Pero no. Hoy la llamada justicia cotidiana sigue tan rezagada, tan olvidada y tan rebasada como estaba en aquella ocasión en que Peña Nieto se refirió a ella.

Hoy la sociedad se sigue quejando de la lentitud con que se mueven las instancias encargadas de la justicia. El burocratismo es tremendo. La corrupción campea abiertamente. La ineptitud es ofensiva.

Por ejemplo, dependencias públicas como la Profeco siguen convertidas en un mero membrete. La llamada Procuraduría Agraria tiene en estados como el nuestro a titulares que prefieren no informar de su labor por temor a que los regañen y los despidan.

Los juicios en materia familiar se prolongan hasta por años. Las sentencias en los juicios mercantiles no se ejecutan porque los Jueces no tienen el auxilio de la Policía. Ni que decir de los tribunales laborales. Están rebasados por completo.

Ese ha sido el problema de nuestros Gobiernos, que son buenos para reconocer o identificar los problemas que nos aquejan como sociedad pero muy malos para resolverlos.

Todo eso lo único que provoca es incrementar la desconfianza ciudadana. Agrava el desencanto social.

Por eso decimos que los discursos oficiales siempre suenan muy esperanzadores, prometedores, pero no pasan de ahí.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

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